Más de cinco siglos no
bastaron para recomponer la historia. Los indígenas,
verdaderos dueños de la tierra, siguen luchando para
conservar lo que les es propio, su forma de vida, su
cultura. Diversos proyectos e intereses económicos de
minorías siguen expropiando su futuro, y su pasado.
Casi 6.500 familias de
Rosario están compuestas por indígenas o descendientes.
Muchos de ellos - pertenecientes a la comunidad toba - son
refugiados ambientales, que migraron desde el Chaco corridos
por el desmonte y la expansión de la frontera agrícola, que
les quitaron su forma de sustento, y sus lugares sagrados.
Aquí en Rosario viven en la pobreza, luchando por vivir con
los recursos mínimos que antes su tierra les brindaba
generosamente.
Historias similares viven
comunidades de distintos puntos de nuestro país, corridos y
afectados por desmonte, minería, proyectos de represas, y la
venta de tierras a particulares. Ejemplos claros son los de
una comunidad Wichi en Salta, amenazada
por la
posibilidad de que sus tierras - parte de una Reserva
Natural Provincial que fue desafectada por el gobierno
salteño - sean vendidas para el cultivo de soja; el pueblo
mapuche en Chubut, quien lucha ante el proyecto de
construcción de seis represas sobre el río Corcovado; y los
mbya-guaraní en Misiones frente a una empresa de celulosa
que amenaza sus territorios, legándoselos a la Universidad
de La Plata, con comunidades incluidas.
Para pensar sobre el
verdadero significado del 12 de octubre, difundimos dos
textos que relatan la problemática de comunidades indígenas
afectadas por proyectos en los cuales hay empresas
argentinas involucradas: la lucha del pueblo Sarayacu
(Ecuador) contra la Compañía General de Combustibles, y de
diversas comunidades de Perú perjudicadas por el proyecto de
extracción de gas de Camisea donde están involucradas
Techint y PlusPetrol.
Paraíso destrozado
Proyecto Camisea en Perú
"En el pasado, la Shell
trabajó aquí y casi todos nosotros morimos por las
enfermedades, [...]. Sabemos que si otra compañía viene a
trabajar aquí, destruirá nuestros ríos y nuestras tierras.
Los ríos serán contaminados, los peces morirán y los
animales escaparán. Ministro, queremos preguntarle qué vamos
a comer cuando los ríos estén muertos y los animales hayan
escapado. [...] No queremos que las compañías vengan a
trabajar aquí, queremos agua limpia y una vida tranquila y
pacífica."
Delegación del pueblo
indígena Nahua ante el gobierno peruano, tomado de un
comunicado de prensa de Amazon Watch de noviembre de 2003.
El proyecto de extracción
de gas Camisea en Perú es actualmente el proyecto más
perjudicial de la cuenca del Amazonas. Ubicado en el remoto
valle Urubamba en la región sudeste de la Amazonía peruana,
este proyecto de US$ 1,6 mil millones de dólares incluye dos
gasoductos que van hasta la costa peruana atravesando una
"zona crítica" de biodiversidad del Amazonas considerada por
los ecologistas como el "último lugar de la tierra" que se
podría perforar para extraer combustibles fósiles. Casi el
75% de las operaciones de extracción de gas están ubicadas
en una reserva estatal para pueblos indígenas -que viven con
escaso o ningún contacto con el mundo exterior- que han sido
contactados a la fuerza por los consorcios de Camisea, lo
que constituye una violación de sus derechos reconocidos a
nivel internacional. Este gasoducto también atraviesa uno de
los bosques tropicales más prístinos del mundo, hogar de los
pueblos indígenas Nahua, Kirineri, Nanti, Machiguenga y Yine.
Se está construyendo una planta procesadora de gas en la
costa peruana dentro de la zona de amortiguación de una
reserva marina de importancia internacional.
El consorcio responsable es
Transportadora de Gas del Perú (TGP), liderado por la
empresa argentina Techint con una participación del 23,4%.
Los otros socios son la argentina Pluspetrol y la
norteamericana Hunt (con un 22% cada una), la sur coreana SK
Corp y la argelina Sonatrach (con un 11% cada una), la belga
Tractebel (8%) y el consorcio peruano Grana e Montero (2%).
El otorgamiento de la
concesión para este proyecto fue un requisito previo para
que Perú pudiera recibir préstamos del Fondo Monetario
Internacional en la década de 1990. En el transcurso del
actual año, el proyecto finalizó e inició actividades.
Encabezadas por la argentina PlusPetrol, compañías sin
experiencia y con antecedentes ambientales deficientes han
seguido adelante con la construcción, sin demostrar ni
voluntad ni capacidad para evitar los graves impactos
ambientales y sociales que afectan actualmente a toda la
población local. La supervisión del gobierno es débil, y los
organismos financiadores del proyecto parecen no tener ni
capacidad ni ganas de poner en práctica las normas
internacionales necesarias para detener la
devastación.
Críticas a Camisea
En lo que constituyó una
gran de la campaña, el Banco Estadounidense de Exportaciones
e Importaciones (Ex-Im Bank) se rehusó a financiar el
proyecto en agosto de 2003, siendo la primera vez que el
Directorio del Ex-Im Bank rechazó un proyecto por razones
ambientales. Sin embargo, pocos días después, el proyecto
obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), a pesar de que no cumple con las exigencias de las
normas internacionales, que prohíben el ingreso en tierras
de pueblos indígenas no contactados y exigen eliminar la
terminal de exportación propuesta en la zona de la Reserva
marina de Paracas protegida por la Convención de Ramsar.
La negativa del
Export-Import Bank y de la Corporación de Inversiones
Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment
Corporation - OPIC) de financiar el proyecto Camisea y el
reciente retiro de Citigroup como asesor financiero,
configuran nuevos síntomas de que el proyecto representa
serios riesgos financieros, ambientales y sociales. Ya
existen informes de que el proyecto ha causado erosión y
contaminación masiva y que en su implementación se han
utilizado tácticas para generar divisiones
en las comunidades. El
experto ambiental internacional Dr. Robert Goodland ha
sugerido llevar adelante una investigación sobre las
acusaciones que afirman que el contacto iniciado por el
proyecto está afectando negativamente a los grupos indígenas
aislados, que carecen de inmunidad ante enfermedades
respiratorias y gastrointestinales comunes.
Más información:
Amigos de la Tierra
Internacional
http://www.foei.org/esp/publications/pdfs/handsoff2.pdf
Antecedentes: CGC y Sarayacu
Sarayacu tiene una larga
historia de oposición a la explotación petrolera, por causa
de sus graves impactos ambientales y sociales. En 1989
impedimos que la compañía ARCO termine sus exploraciones de
petróleo dentro de nuestro territorio. El conflicto con CGC
tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la
Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina
subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el
“bloque 23”, abarcando 200 000 hectáreas de cuales la mayor
parte es territorio de Sarayacu. El pueblo de Sarayacu no
fuimos consultados y desde el inicio nos opusimos a la
exploración petrolera.
Por lo que Sarayacu es la
comunidad que tiene mas habitantes y mas territorio dentro
del bloque 23, CGC primero se acercó a Sarayacu, intentando
engañar a la gente a través de ofreciemientos de dinero y
obras de desarrollo. Logró sobornar a Telmo Gualinga,
presidente de Sarayacu 1997 - 1999 dandole un contrato
personal para que construya un sistema de agua potable en su
barrio de la comunidad. La compañia estaba tan seguro de que
nos iba a convencer, que públicamente aseguró que no iba a
empezar ningun trabajo de exploración antes de obtener 100%
de apoyo de las comunidades en el bloque. Sin embargo, el
pueblo de Sarayacu no aceptó la actividad petrolera, y los
presidentes posteriores no se dejaron sobornar. Por lo
tanto, desde el 2000 hasta ahora, la CGC ha mantenido una
verdadera guerra de calumnias contra Sarayacu, con la
finalidad de destruir la confianza entre el pueblo y sus
propios dirigentes Como no pudo destruir a Sarayacu, la CGC
empezó a tomar contactos con otras comunidades mas pequeñas,
contratando directamente a sus dirigentes, y así logró
entrar en varias otras comunidades.
La estrategia de la CGC
está basada en soborno, desinformación, y desintegración
social, y viola los artículos 84 y 88 de la Constitución
Política de la República del Ecuador. Como accionistas en el
bloque 23 también figuran la petrolera estadounidense
Burlington Resources y la francés-británica Perenco.
