NOTA DE OPINIÓN
Por Elba Stancich, Taller Ecologista/ Coalición Ríos
Vivos
Más cerealeras, más deuda ecológica
Una de las noticias mediáticas a nivel nacional de este verano
del 2004, ha sido la promisoria inversión de dos complejos
cerealeros en la provincia de Santa Fe: la ampliación de Molinos
Río de la Plata en San Lorenzo, y la instalación de otro puerto
de Cargill en Villa Gobernador Galvez, ambas plantas en zonas
residenciales de las respectivas ciudades. A esto se suma las
inversiones anunciadas por Aceitera General Deheza, Vicentin y
Dreyfus, que en total alcanzan unos US$ 400 millones.
La mayoría de la prensa acompañó con entusiasmo estos anuncios,
remarcando que la producción de soja en la Argentina se ubica en
el orden de los 35 millones de toneladas, y se proyecta para los
próximos 5 años una producción nacional de soja que podría
llegar a los 45 millones de toneladas.
Estos inversionistas, presionan también, como esencial para
mantener la competitividad de la Argentina, la profundización de
la hidrovía, o sea traer el mar al río, y profundizar aún más el
tramo aguas arriba de Puerto San Martín debido a la creciente
producción en provincias como Chaco y Santiago del Estero. El
dragado del río Paraná es la única privatización del país para
la cual no se creó el correspondiente órgano de control, y
llevamos 9 años de concesión.
En tanto, el Gobernador Obeid y los funcionarios municipales de
Villa Gobernador Gálvez, se comprometieron con Cargill a
agilizar los trámites para que la empresa pueda iniciar las
obras de inmediato, eso sí, previamente se les debe aprobar el
estudio de impacto ambiental. O sea, sólo un trámite más.
Primero se aprueba la inversión, los concejales galvenses
allanan el camino cambiando la reglamentación urbana y de esa
manera “legalmente” un complejo portuario cerealero se instala
en un barrio residencial.
Esperemos que el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, no pase por alto ningún paso de lo que indica la
Ley provincial sobre estudios de impacto ambiental.
Más sencillo le resultó a Molinos Río de La Plata, que después
de una gran propaganda en los medios y lobby político, consiguió
que los concejales sanlorencinos aprueben la venta de tres
calles que obstaculizaban la ampliación de su planta. Gesto que
la empresa se encargó de agradecer a través de una solicitada
publicada el 9 de febrero pasado en Clarín y Página/12.
Emprendimientos que además son cuestionables en cuanto a la
creación de puestos de trabajo que prometen generar y
desproporcionadas las inversiones respecto a la mano de obra
ocupada, con bajos salarios y sin convenios colectivos como lo
denunció el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo a medios
gráficos rosarinos.
Consideramos que este tipo de inversiones profundiza y es
funcional a un modelo agropecuario basado mayoritariamente en un
solo cultivo, que avanza a pasos alarmantes en los países del
Mercosur, y que está produciendo impactos ecológicos y sociales
difíciles de revertir. La renta económica que está generando
este modelo está poniendo en riesgo nuestra soberanía
alimentaria, o sea nuestra capacidad de producir alimentos sanos
y variados para una dieta equilibrada. El consumo de herbicidas
y agroquímicos es cada vez mayor y por ende, el riesgo asociado
de contaminación, la siembra recurrente degrada el suelo y
facilita la pérdida de minerales, todos componentes de una
creciente “deuda ecológica”, que va cerrando el cerco a una
agricultura finita. Cada barco cargado de soja que vemos pasar
por el río, lleva una carga de unos 10 millones de dólares al
valor actual del mercado. Si se contabilizaran las
externalidades ambientales y sociales que implica (o sea los
costos de daños ocasionados que no se incluyen en las cuentas),
tomaríamos conciencia que gran parte de ese dinero nos hará
falta si tuviesemos que reponer nutrientes, suelo, agua,
bosques, y comprar la leche y la carne que se dejan de producir
por el boom de la soja. Solamente en término de nutrientes que
exportamos con las cosechas, reponerlos con fertilizantes
artificiales, significaría unos 600.000 dólares por barco. Pero
esto es un buen negocio para Cargill que amplía la capacidad de
su planta de Puerto General San Martín que abarca el rubro de
fertilizantes fosfatados y nitrogenados.
Parafraseando a Walter Pengue (Ing. Agrónomo investigador de la
UBA), el dilema entonces, no pasa por el pobre grano de soja
y la posibilidad para los productores que aprovechan hoy en día
una rentabilidad coyuntural pero de corto tiempo. El problema
está en el modelo agropecuario que Argentina debe seguir, y en
ello, es relevante la participación y responsabilidad del
Estado. Nos debemos la discusión de políticas que prioricen la
diversidad productiva y mejoren la competitividad en todos los
rubros, que el uso de nuestros recursos sea sustentable para
muchos más agricultores, y no solamente rentable para unos pocos
empresarios.
Rosario, Argentina, 17 de febrero de 2004.
